Leyes aprobadas en 2018

¿Cuáles son las más importantes leyes aprobadas en 2018?

En DePedro Abogados queremos desearte felices fiestas, y lo hacemos cerrando el año con este post en el que te comentamos algunas de las novedades más importantes en materia legislativa que conviene repasar ahora que 2018 toca a su fin. Es un momento perfecto para revisar tus derechos y obligaciones y resumir qué hay de nuevo ahora que finaliza el año. Si tienes cualquier duda o necesitas asesoramiento legal, contacta con nosotros sin compromiso: estaremos encantados de atenderte. 

¿Cuáles son las más importantes leyes aprobadas en 2018?

La página del Congreso de los Diputados resume todas las normas aprobadas en lo que va de año, y se trata de un listado bastante extenso (aunque en los últimos años hemos asistido a ejercicios con mayor carga legislativa). En concreto, se han aprobado tres leyes orgánicas, diez leyes y 23 decretos-ley.  Estos son los textos más importantes:

1. Estatuto de Autonomía de Canarias

Mencionamos el nuevo Estatuto de Canarias por la importancia que tiene para nosotros como despacho de abogados en Tenerife. Aunque quizás es el texto de menor aplicación directa a nuestros clientes, es importante comentar sus grandes novedades. Por ejemplo, entre las mejoras destaca el anclaje del REF y su desvinculación del sistema de financiación autonómica, un logro histórico que consolida el fuero de las islas con el máximo rango legal e impide que futuras interpretaciones cuestionen el derecho reconocido de Canarias a que se compense el sobrecoste de la lejanía sin merma de los fondos destinados a sufragar los servicios básicos esenciales.

Además, con la aprobación del nuevo Estatuto, Canarias se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma en eliminar la condición de aforado a sus diputados regionales. Otro hito es la reforma del sistema electoral y, por último (aunque existen muchas más novedades), destaca, en el ámbito de los derechos sociales, el acuerdo para que las personas que se encuentren en situación de exclusión social tengan derecho a acceder a una renta de ciudadanía «en los términos que establezcan las leyes». Los poderes públicos velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos.

El nuevo Estatuto de Autonomía también reconoce a La Graciosa como la octava isla del Archipiélago.

2. Ley Orgánica para la modificación del Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad

La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, se publicó en el BOE coincidiendo con el día de la Constitución española, y sirve para extender el derecho de sufragio, activo y pasivo, a todas las personas con discapacidad, sin excepciones.

Con la publicación de esta Ley Orgánica 2/2018, culmina un proceso de propuesta, incidencia política y presión social, comenzado hace unos años por el movimiento social español de la discapacidad, encarnado en el CERMI, que ha logrado suprimir la anomalía democrática que suponía que más de 100.000 personas estuvieran privadas en nuestro país del derecho de voto por razones asociadas a discapacidad. Tras esta modificación legal, a ninguna persona con discapacidad se le podrá retirar en el futuro el derecho de sufragio, y quienes estuvieran en esta situación a su entrada en vigor lo recuperarán de modo automático, por mandato directo de la Ley, sin ningún tipo de gestión o trámite por su parte.

3. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Importantísima ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, una norma de la que se lleva hablando muchísimo tiempo, por la que se adapta el ordenamiento español al Reglamento general de protección de datos, y cuyas novedades resultan difíciles de resumir en este espacio. Por citar algunas, se incorpora a su objeto la importante novedad de dirigirse a “garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución” (art. 1.b). Este contenido se ha concretado en el Título final de esa Ley, el décimo, titulado “Garantía de los derechos digitales”, compuesto de 19 artículos (del 79 al 97).

En éste se reconoce y regula el ejercicio de derechos como el de neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital, la libertad de expresión en internet, el derecho al olvido en buscadores y redes sociales, a la portabilidad, al testamento digital, a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y a la desconexión digital en el ámbito laboral.

4. Modificación de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación

Aunque pueda resultar poco interesante a simple vista, con la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, se pretende algo tan relevante como lograr que, a través de la orden europea de investigación, se pueda crear un régimen único y uniforme para la obtención de pruebas en la UE, así como el establecimiento de normas adicionales para determinados tipos de medidas, como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro.

5. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, supone un espaldarazo a las personas que padezcan VIH/SIDA, declarando «nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud” en el ámbito de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud. La norma también indica que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley en el que determinará la aplicación de los principios de esta ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.

«La autonomía de la voluntad, reconocida a las partes por el Derecho privado, para establecer pactos y realizar contratos, no debe ser utilizada para discriminar a las personas por el solo hecho de tener una enfermedad u otra condición de salud. Por tanto, resulta precisa una ley que establezca la nulidad de cualquier cláusula, estipulación, condición o pacto, que discrimine o excluya a las personas citadas en tales circunstancias».

Por último, se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, para suprimir la discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud en el sector referido.

6. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, responde al hecho de que, con la crisis, se ha extendido la práctica de ocupar ilegalmente viviendas con el fin de alquilarlas a personas en situación de necesidad. El auge de los desahucios y la precariedad de miles de familias han sido caldo de cultivo para estas prácticas.

Como respuesta, esta ley agiliza considerablemente el proceso de desahucio en caso de ocupación ilegal de la vivienda, y asegura que «podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social» (adición al artículo 250.4 LEC). Además, la demanda «podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación» (nuevo párrafo 3 bis del artículo 437 LEC).

Además, si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. En caso de no hacerlo, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.

7. Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

En este caso hablamos del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

Las principales reformas del el texto versan sobre el régimen relativo al sistema de gestión colectiva de derechos de autor, con la incorporación y regulación de la figura del operador de gestión independiente, así como cambios sobre la Comisión de la Propiedad Intelectual.  Además, se incluyen previsiones relativas a mejorar la accesibilidad a las obras protegidas por las personas con discapacidad, con especial atención a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

8. Medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, «ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas». Para ello, estas cuestiones pasarán a ser competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por otra parte, este decreto también tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia, y a los recursos de asistencia de las víctimas de violencia de género, a través de la modificación de los artículos 20 y 23. Además, se amplían los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género, de modo que se podrá realizar mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

9. Modificación de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se aprobó para que sean los bancos quienes paguen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, a raíz de la polémica desatada por una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de la que nos hicimos eco en nuestro blog.

10. Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

La idea del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres recuperar el espíritu de la Ley de 1994, que a futuro contempla la construcción de 20.000 viviendas en los próximos 4 o 6 años, destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con renta o precio limitado y en aquellos municipios y localizaciones con demanda acreditada, donde los precios de alquiler se estén incrementando con mayor intensidad.

Con esta norma se introducen contratos de alquiler más largos, aumentando el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada. Además, se limitan los avales a dos meses de renta, a no ser que se trate de contratos de larga duración. Otra novedad importante es que, en adelante, el arrendador (y no el arrendatario) será quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria, siempre que se trate de una persona jurídica.

En cuanto a los pisos turísticos, éstos salen de la LAU y se regularán como una actividad económica. Para frenar el avance del alquiler turístico en determinadas ciudades muy presionadas por ello, el real decreto modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal permitiendo a las comunidades de vecinos limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Una medida que solo se aplicará a nuevos pisos turísticos y no a los ya existentes porque «no tiene carácter retroactivo».

Por otro lado, se adoptan medidas para paralizar los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables.

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